Responsabilidad penal de las participaciones preferentes

Responsabilidad penal de las participaciones preferentes

Las personas afectadas por el fraude de las preferentes empiezan a querellarse contra los directivos de las entidades bancarias que les vendieron estos productos que se han demostrado, cuanto menos, dudosos. Las penas solicitadas por los afectados alcanzan los seis años de cárcel por delitos de falsedad documental y estafa.

El revuelo judicial que han causado las participaciones preferentes se ha desplazado a la jurisdicción penal. Los afectados han decidido subir de nivel y las nulidades de contrato han dejado paso a las primeras querellas. Es posible que en los próximos tiempos veamos como prosperan algunas de las más de doscientas denuncias que se acumulan ya en los juzgados y que pueden multiplicarse durante los próximos meses.

En el caso de los mayores de 65 años, hasta el 80% han conseguido fallos favorables en la vía civil y la unión de afectados en torno a varios bufetes de prestigio hace pensar que la lucha no ha hecho sino empezar.

Si bien, en España no existe la demanda colectiva como figura colectiva, la unificación de criterios se presenta como un punto a favor de las denuncias individuales que están por llegar. Como aliciente a la presentación de querellas criminales encontramos la ausencia en lo penal de las tasas judiciales, algo de lo que no está exenta la vía civil.

Dentro de las claves jurídicas que se van a dilucidar en los próximos meses podemos destacar las siguientes.

  • En primer lugar, la vía penal ya se ha usado durante mucho tiempo en los siniestros de tráfico como forma de aclarar, posteriormente, la responsabilidad civil derivada.
  • El Código Penal establece como agravante la comisión de delitos contra una pluralidad de individuos. En este caso, podemos calcular la cifra de afectados por encima de las 100.000 personas.
  • La falsedad documental tiene un amplio rango de penas, que va desde el año de cárcel a los seis años. A esto hay que sumar la estafa, la apropiación indebida y varios delitos patrimoniales más.
  • La ausencia de tasas judiciales y la unidad de los afectados va a servir de estímulo a la presentación de querellas.

Entre los resultados esperables, además de sanciones y multas, los responsables de venta de las entidades y los diseñadores del sistema de las preferentes se pueden enfrentar a un máximo de seis años de prisión por los delitos ya mencionados. Sin embargo, la opinión de los especialistas en el derecho penal patrimonial no es unánime y algunas voces afirman que sólo prosperarán las querellas referidas a las conductas más graves. Esto se debe a la protección de las preferentes como objeto lícito en nuestro ordenamiento jurídico.

En todo caso, estamos a punto de saltar al siguiente escalón en el asunto de las participaciones preferentes y durante los próximos meses vamos a ver una lucha encarnizada en los tribunales que seguiremos de cerca. En juego hay miles de millones de euros en ahorros y la lucha por la estabilidad del sistema bancario español.

En AlhambraNet.info somos un grupo de Abogados especializados en distintas materias del Derecho. Apostamos por las nuevas tendencias. Si tienes un problema legal y necesitas atención personalizada, escríbenos a alhambranetinfo@gmail.com o visita nuestra sección de Contacto.