Responsabilidad Patrimonial de una Administración Local

Responsabilidad Patrimonial de una Administración Local

Vamos a presentar un caso práctico de Responsabilidad Patrimonial de una Administración Local con sus principales elementos, como puede ser (estadisticamente) la caida de un peatón o un cliclista, vamos a ir a lo concreto y lo habitual, algo que nos gusta a los que estamos en el ejercicio de la abogacía, que exija hacer un esfuerzo de concreción sobre que elementos de los estudiados por la doctrina (siempre tan eterea) son de aplicación, cuales son más útiles o relevantes y cuales otros (formales), deben acompañar a los elementos teóricos para poder defender un caso ante un tribunal.

Ponemos el ejemplo: un transeúnte introduce el pie en la arqueta de una alcantarilla del servicio de aguas municipales mientras deambula por la vía pública. La arqueta, que está en mal estado, cede parcialmente y provoca la caída del transeúnte, que sufre varias facturas y que reclama daños por 10.000 euros. Se acompañan declaraciones de policías locales y del personal de limpieza municipal que suscriben los hechos presentados.

a.- Los Fundamentos Jurídico Formales

i.- Jurisdicción y Competencia.

Dice la LJCA 29/1998, en su artículo 2.e que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con el artículo 8.2.c, en el que en relación de:

2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.

ii.- Legitimación.

Ostenta la legitimación activa el recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, desprendiéndose tal interés del perjuicio personal provocado por la actuación de la Administración. La legitimación pasiva corresponde a la autoridad que dicta, aunque sea por omisión, la resolución que se recurre, puesto que era la encargada de la atención, cuidado y mantenimiento de las calles del municipio conforme al artículo 25 de la LBRL.

iii- Objeto del Recurso.

Se impugna la Desestimación presunta de la reclamación indemnizatoria por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Granada, presentada por D. G. en fecha de 11 de enero de 2014. La resolución recurrida pone fin a la vía administrativa de acuerdo con el art. 142. 6 de la Ley 30/1992. por no ser requisito exigido e inexcusable la presentación de recurso de reposición.

iv.- Procedimiento.

Deben seguirse los trámites del art. 78 y ss. de Ley 29/98 de JCA

1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.

v.- Normativa aplicable.

- Ley de 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
– Ley 29/98 de 13 julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
– Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
– Ley de Bases y Régimen Local, en concreto lo contenido en su artículo 25.
– Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil.

b.- Los Fundamentos Jurídico Materiales

Cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos para que proceda la declaración de responsabilidad patrimonial y consiguiente indemnización.

De los hechos expuestos se desprende la responsabilidad de la Administración Local, pues la responsabilidad patrimonial que determina la legislación vigente es una responsabilidad objetiva, independiente de toda idea de culpa y ligada simplemente al funcionamiento de un servicio público; nace del daño originado por el funcionamiento de los servicios públicos; el título de imputación viene dado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, identificándose tal anormalidad con actuaciones ilegales o culpables de los agentes, o con el simple e inadecuado funcionamiento del servicio; por otra parte se exige que el daño sea antijurídico, esto es que la víctima o sus familiares no tengan obligación de soportarlo; que sea económicamente evaluable e individualizado y, por último, la concurrencia del necesario nexo causal entre la actividad administrativa y el daño.
Aplicando los requisitos anteriores al caso que nos atañe podemos verificar:

1.- Que el hecho sea imputable a la Administración: La arqueta que se hallaba en deficiente estado de conservación se encontraba en vía pública, concretamente en la esquina de la calle marte con la calle venus, hecho, el deficiente estado de conservación ha sido corroborado por el propio encargado de Obras y Servicios del Excmo. Ayuntamiento al que nos dirigimos.

A la vista del propio examen médico realizado, al parte de urgencias –de momentos después del accidente-, y al dossier fotográfico acompañado, se corrobora que esta deficiente conservación de un elemento situado en vía pública es la causante del daño.

2.- Que la lesión o perjuicio antijurídicos sean efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a una persona o grupo de personas: A tenor de la documental médica acompañada se atestigua la existencia de un daño efectivo y real. Esto es, se ha producido un detrimento en el estado del recurrente, actual y constatable en la realidad, cierto. Ese daño es perfectamente evaluable conforme al Informe de Valoración aportado, aplicando, por analogía, el anexo de la Ley de Responsabilidad y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y que se cuantifica en el segundo de los hechos contenidos en este escrito.

3.- Existencia de un nexo causal entre el hecho y el perjuicio: Obviamente este requisito también se da en el caso que nos ocupa, pues, las lesiones que se generaron y los perjuicios que se causaron fueron a consecuencia de la caída sufrida al introducir su pie en una arqueta ubicada en vía pública. Si esa arqueta hubiera estado en correcto funcionamiento, cuando el administrado la pisó, no hubiera cedido, provocando que su pie quedase atrapado en ella, lo que provocó, por la inercia, la posterior caída y las lesiones, daños y perjuicios que de ella se derivan.

4.- Que no concurra fuerza mayor ni otra causa de exclusión de la responsabilidad: Lo que tampoco se produce en el presente caso. La fuerza mayor se concibe como un evento imprevisible, identificado con una causa extraña, exterior por relación al objeto dañoso y a sus riesgos propios y, en todo caso, absolutamente irresistible en el sentido de que, aun pudiendo ser prevista, hubiera sido inevitable. Los requisitos expresados no son dogmáticos sino que son los exigidos como determinantes de la responsabilidad patrimonial de estado por nuestro Tribunal Supremo, así se expresa en sus Sentencias de 5 de diciembre de 1988; 12 de febrero, 21 y 22 de marzo y 9 de mayo de 1991; 2 de febrero o 27 de noviembre de 1993, entre otras.

Por último y, con relación a la responsabilidad patrimonial de la Administración, cabe precisar que:

“(…) la Administración está obligada a responder de manera directa y objetiva, según el art. 106 de la Constitución, de toda lesión que los particulares sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, prescindiendo de toda suerte o ilicitud o culpa, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, todo ello conforme viene reiterando el Tribunal Supremo, Sentencias de 28 y 29 de enero de 1986, 6 de febrero de 1987 y 29 de mayo de 1.991, entre muchas otras, como corresponde a un ordenamiento inspirado en la reparación de los daños imputables al funcionamiento administrativo, incluyendo así tanto los daños ilegítimos derivados de una actuación culpable como los daños anudados a una actividad lícita e irreprochable de los servicios de la Administración, como resultantes de un riesgo originado por la simple creación de servicios. (…)” (STS 11 de octubre de 1.993).
La responsabilidad patrimonial de la Administración, constitucionalmente reconocida en el art. 106.2 de nuestra Carta Magna, en sentido análogo al de la Ley 30/92, antes invocada, determina la obligación que pesa sobre la Administración de indemnizar de toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, teniendo en cuenta el carácter amplio y abierto de la obligación indemnizatoria, que se extiende a cualquier lesión que sea consecuencia o resultado directo de la concreta actuación administrativa generadora de la responsabilidad (términos en los que se expresa la STS. de 23 de febrero de 1.988 del Tribunal Supremo).

Por ello, la indemnización, que por derecho nos corresponde, ha de ser integral, (Art.106, 2 C.E. y 139.1 de la L.R.J.A.P.P.A.C.), en el sentido de que ha de quedar reparada toda lesión que los particulares sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, este es el sentir jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal conformado en STS de las que a modo de muestra se citan las dictadas con fecha de 3 de enero de 1990, de 27 de noviembre de 1993 y de 30 de diciembre de 1994.

d.- Sentencias Interesantes

Los abogados que ejercemos en Granada y alrededores, utilizamos dos sentencias del TSJ de Andalucía, una de ellas de la sala primera de Granada, que pueden ser de gran ayuda en casos similares.

TSJ Andalucía de Sevilla, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, S de 11 Jul. 2011 LA LEY 246432/2011

TSJ de Andalucía de Granada, Sala de los Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S.de 30 de Nov. 2009, rec 552/2002 La Ley 314320/2009.

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