Reglamento notarial

Reglamento notarial

El reglamento notarial como cualquier otro reglamento impone una serie de reglas a seguir por estos funcionarios, desde la misión de sus funciones, como la organización que tendrán en las diferentes jurisdicciones de España. El actual reglamento se instaura como decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado. En su primer artículo se establecen parte de los principios fundamentales que rigen a los notarios en España, los cuales son como señala texto “funcionarios públicos y profesionales del Derecho, correspondiendo a este doble carácter la organización del Notariado.”

“Como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquéllos se proponen alcanzar”.

“El Notariado disfrutará de plena autonomía e independencia en su función, y en su organización jerárquica depende directamente del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado”.

En este documento legal se establecen requisitos, sucesiones, elecciones, sustituciones, permiso, demarcación, entro otros que posees los notarios como figuras públicas.

El notario valida muchos documentos legales, en su artículo 144, se nombra los instrumentos públicos que da validez, como lo son pólizas, las actas o testimonios. Las escrituras públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas clases. Ello significa que el notario en las actas se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sentidos, aunque también de otros que no se perciben directamente por los sentidos pero que el notario puede considerar acreditados previas las pruebas pertinentes, el valor de un acta notarial reside en que prueba de manera incontestable el hecho que constituye su objeto. En este sentido su utilidad es grande pues permite al ciudadano pre-constituir pruebas de hechos que probablemente habrán de ser alegados posteriormente en el ámbito judicial, administrativo o privado, cuando quizá esos hechos ya no puedan reiterarse o probarse por haber desaparecido sus efectos, ya se trate de manifestaciones, notificaciones, existencia de objetos, documentos –incluso electrónicos- o personas.