Recurso Contencioso Administrativo Indirecto contra los Reglamentos Locales

Recurso Contencioso Administrativo Indirecto contra los Reglamentos Locales

Una vez transcurridos dos meses desde la publicación de un Reglamento local, precluye el plazo para presentar el Recurso Directo (hemos hablado de él hace muy poco). Por tanto, a partir de ese momento, tenemos que valorar la posibilidad de presentar un Recurso Conentcioso Administrativo Indirecto. ¿De qué se trata? Lo explicamos a continuación.

El recurso viene regulado en el artículo 26.1 de la LJCA y viene a combatir un acto administrativo, que no el reglamento en sí. Por tanto, la pretensión principal es la nulidad del acto. Vemos, por tanto, que no se trata realmente de un recurso contra un reglamento y por eso lo calificamos como “indirecto”. En todo caso, la diferencia radica en que nuestra demanda tratará sobre la aplicación que se nos hace a nosotros, como sujeto en particular, del reglamento aprobado y sólo en ese momento es cuando valoraremos su legalidad.

Estamos ante un recurso muy particular por los motivos que pueden sustentarlo. En todo caso, lo solicitemos o no, el propio juez podría declarar la nulidad del reglamento (con los mismos efectos que en el recurso directo) gracias a lo establecido en los artículos 33.2 y 65.2 de la LJCA.

Los motivos para plantear este recurso deben orbitar en los vicios del reglamento aplicado, excluyéndose ahora los defectos de forma, que debieron plantearse en un recurso directo. Por tanto, sólo por vicios de fondo se puede atacar este reglamento.

Para establecer el plazo de interposición, al estar ante la impugnación de un acto administrativo, debemos atenernos a las reglas generales establecidas en los artículos 46.1 y 4 de la LCA, por lo que cada acto de aplicación que nos incumba, puede reabrir el plazo independientemente del tiempo transcurrido.

En cuanto a las partes legitimadas, además de aquellos que puedan acudir al procedimiento de acuerdo a las reglas generales, encontramos en el artículo 21 de la LJ que se puede atacar como codemandada a la Administración autora de cualquier disposición general, aunque no provenga de ella el acto (de aplicación, por ejemplo), en el que basamos el recurso indirecto.

Por su parte, hay que advertir que no se ha previsto la legitimación pasiva de terceros que puedan tener interés en mantener el acto impugnado, lo que bordea el riesgo de indefensión.

La competencia judicial se determina en función del acto impugnado, por lo que podremos acudir al Juzgado o al TSJ. Sin embargo, de alegarse la ilegalidad del reglamento aplicado, se abre la vía de recurso en base al artículo 81.2.d) y el 86.3 de la LJCA.

Aunque caben todas las medidas cautelares establecidas de forma genérica por la LJCA, no parece fácil de cuadrar la medida de suspensión del reglamento en tanto que, formalmente, se está atacando un acto que dimana del mismo, pero no al propio reglamento. Aún así, parece temerario descartar completamente esta posibilidad ya que, en última instancia, nuestro recurso puede concluir con una declaración judicial de nulidad que, entonces sí, acabe con la vida jurídica del reglamento recurrido por la vía indirecta.

La sentencia estimatoria puede declarar la nulidad del acto de forma independiente o también la del reglamento. (recurso incompleto o completo).

En caso del recurso indirecto incompleto, la sentencia será eficaz contra el acto concreto pero no tiene valor declarativo, constitutivo ni de cosa juzgada. En caso de que se entienda ilegal el Reglamente por un Tribunal que no fuera el competente para asumir la cuestión de ilegalidad, esta decisión tampoco será vinculante.

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