Recurso Contencioso Administrativo Directo contra los Reglamentos Locales

Recurso Contencioso Administrativo Directo contra los Reglamentos Locales

El Recurso Directo, en la vía contencioso administrativa, contra un Reglamento Local, que habitualmente se tratará de una Ordenanza Municipal, busca como pretensión principal la expulsión de dicho reglamento del ordenamiento jurídico local. O dicho más llanamente: Su anulación.

En un momento dado, sin embargo, también se puede intentar, al amparo del artículo 31.2 de la LJCA, el reconocimiento de una situación individual o, en este sentido, el derecho a una indemnización.

Para invocar la nulidad se pueden alegar motivos de fondo y de forma, siempre dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del reglamento, a tenor del art. 46.1 de la LJCA.

Es necesario resaltar que para estos casos no existe vía administrativa previa y los habituales trucos legales no conseguirán extender estos dos meses. Si nos excedemos de los dos meses de rigor, ya no será posible interponer el recurso directo y tendremos que pensar en la opción del recurso indirecto, del que hablaremos en nuestra próxima entrada.

Las personas legitimadas para interponer el recurso son aquellas contempladas en los artículos 19 y 20 de la LJCA, advirtiendo de que, en la práctica, son asociaciones o empresas los recurrentes habituales. En general, cualquier persona que vea afectada sus intereses legítimos puede acudir al procedimiento.

En cuanto a quién entiende del asunto y, por tanto, tiene la competencia para resolver, hay que acudir a los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Autónoma (en el artículo 10.1.b de LJCA), pudiendo desde un primer momento la suspensión del reglamento y otras medidas cautelares.

La conclusión, en sentencia, sólo puede extenderse a declarar la nulidad de los preceptos impugnados (y a sus conexos), con la correspondiente indemnización o medida de restablecimiento que se solicitara.

Siguiendo los principios generales del poder judicial, las sentencias estimatorias no podrán, en ningún caso, proponer una redacción alternativa. Además, los efectos erga omnes, no afectarán a situaciones individualizadas consolidadas, que exigirán un proceso adicional con base en la declaración de anulación. (Revisar art. 72.3 LJCA). Hacemos mención al alcance de la irretroactividad que plantea el artículo 73 de la LJCA y que merecería comentario aparte.

Por último, en el caso de sentencias desestimatorias, dicha desestimación no impide impugnar actos de aplicación basándose en la ilegalidad del propio reglamento. En otras palabras, es posible intentar el recurso indirecto incluso aunque se desestime el recurso directo, que no tiene efectos de cosa jugada. (art. 26 LJCA).

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