Ley de contratos del sector público

Ley de contratos del sector público

La ley de contratos del sector público es una normativa en la que se incluye la preparación, adjudicación, así como el cumplimiento, el efecto y la extinción de todos aquellos contratos onerosos en los que como mínimo una de las dos partes sea persona jurídica o persona pública o también una entidad correspondiente al sector público.

Contratos del Sector público

Ley de contratos del sector público

El objetivo principal de esta Ley de contratos del sector público es el de regular la contratación en el sector público de tal manera que se logre garantizar los principios del libre acceso al proceso de licitación, así como los principios de la publicidad y la transparencia en los procedimientos de contratación. No solo eso, esta ley también ha sido diseñada con la intención de aplicar el principio de la eficiencia en el gasto público.

Por lo que respecta a su ámbito de aplicación, la Ley de contratos del sector público define esto en función a la concurrencia de un ámbito objetivo y un ámbito subjetivo. Con ello se toma como base las características del contrato y en particular aquellas personas que hacen estos contratos. Este régimen de contratación se aplica sobre todos aquellos contratos clasificados como onerosos, así como sobre aquellos contratos subvencionados y los contratos de obras que hayan sido celebrados por concesionarios de obras públicas con otros particulares. Todos estos contratos necesariamente tienen que llevarse a cabo por entidades y organismos comprendidos en el ámbito subjetivo que se describe en el propio texto del contrato.

La Ley de contratos del sector público también clasifica los diferentes contratos en base a las personas que los contraten, así como en función del objeto del contrato. De esta manera se procede a hacer una distinción fundamental entre todos aquellos contratos administrativos y los contratos privados. Esta diferencia es de gran relevancia en cuanto al régimen jurídico que se aplica, así como a la jurisdicción que le compete conocer estos contratos.