La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

1.- Breve referencia a los antecedentes y regulación vigente.

La idea de que la Administración pudiera estar sujeta a la responsabilidad patrimonial derivada de sus actos no tiene antecedentes remotos. Menos aún si se objetiviza dicha responsabilidad y no se requiere de la culpa o negligencia a la que alude el art. 1902 de nuestro Código Civil y que es una de las bases del sistema de responsabilidad, también administrativa, de la España contemporánea. Distintos cuerpos legales, como la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911, o la propia Constitución de la II República, fueron consagrando el sistema de responsabilidad de la Administración (mención aparte a la adelantada Ley de Expropiación de 1879). En todo caso, será la Ley de expropiación forzosa de 1954 la pionera en indemnizar el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sin perjuicio del derecho de la Administración de repetir contra los funcionarios responsables. Siguiendo esa línea, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 amplía el derecho al resarcimiento, no solo en las agresiones a derechos patrimoniales, sino ante la lesión de cualquiera de los bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor.

Con estas referencias llegamos a nuestro periodo constitucional moderno, que recoge la responsabilidad de los poderes públicos en el artículo 9.3 y la desarrolla en los artículos 106.2 y 121, extendiendo el primero el derecho a ser indemnizado a los particulares y refiriéndose el segundo al caso específico de los errores judiciales. El desarrollo de los artículos 9.3 y 106 ha sido recogido en la LRJPAC.
Podemos concluir la introducción recordando que una Administración exenta de responsabilidad es una Administración absolutista o incluso divina, incompatible con el concepto de ciudadanía y con el Estado de Derecho. Esto no obsta para encontrar diferencias notables ente distintos ordenamientos jurídicos, dentro de vecinos en la Unión Europea, sin ir más lejos.

2.- Ámbitos en que se produce la responsabilidad de los poderes públicos.

El presupuesto general de responsabilidad de la Administración establecido en el artículo 9.3 de la Constitución se concreta en la Carta Magna sólo respecto de los servicios públicos y en el ámbito de la Administración de Justicia. A priori, se podría decir que el poder legislativo está exento. Pues bien, de forma no muy ortodoxa el artículo 139.3 de la Ley 30/1992 incluye el supuesto de responsabilidad por los actos legislativos. Otros matices se establece entre la diferencia de distintos supuestos indemnizables. No es lo mismo una expropiación, que causa un daño en el administrado “por definición”, que un servicio público habitual cuya finalidad está muy lejos de producir daño alguno, aunque es una eventualidad que se produce con relativa frecuencia. En el mismo sentido podemos hablar de la responsabilidad contractual de la Administración, producida en un marco muy concreto (el de la relación contractual).

3.- El Concepto de Responsabilidad.

El derecho a ser indemnizado, en tanto que particular, por la Administración Pública, nace del hecho de sufrir una lesión en bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con la excepción general de la fuerza mayor.

El daño producido, por su parte, debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Como requisitos extra se añaden: Que la ley no establezca para el caso el deber jurídico de soportar la lesión, que el daño se haya podido prever o evitar. Sin que, además, la anulación de un acto presuponga el derecho a percibir una indemnización, aunque tampoco lo descarte.

En todo caso, estamos ante un régimen jurídico de carácter general, que podrá ser exigido a la administración en un procedimiento de responsabilidad patrimonial (general o abreviado, como veremos más adelante) y que se extiende a las personas al servicio de la administración, sin que quepa la posibilidad de dirigirse a la autoridad o funcionario responsable del daño de manera individualizada.

4.- Responsabilidad Disciplinaria y Acción de Regreso, la Concurrencia de Dolo, Culpa o Negligencia Graves.

El artículo 145 de la Ley 30/1992 prevé que, una vez indemnizado el lesionado, se pueda desencadenar un proceso de repetición de la responsabilidad patrimonial (en el caso de incurrir en dolo, culpa o negligencia grave) y que se pueda actuar, independientemente, en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria.

5.- La responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas.

En el artículo 146 de la Ley 30/1992 viene previsto que la responsabilidad penal y civil derivada de un delito se rija por la legislación penal, que establece la posibilidad de responsabilidad subsidiaria de las Administraciones Públicas si los delitos se cometieron estando los condenados en ejercicio, realizando (o no) el servicio público confiado y excluyendo, en todo caso, una segunda indemnización por otra vía.

6.- Procedimientos para la exigencia de responsabilidad. Procedimiento General y Procedimiento Abreviado.

El procedimiento de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial a la Administración, que se puede iniciar de oficio o a instancia de interesado, se resuelve a por el Ministro, Consejero, Pleno o Alcalde afectados, dependiendo del ámbito territorial al que se circunscriba el procedimiento y la Administración implicada. Corresponde el Procedimiento Abreviado cuando sean inequívocos la causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, debiendo resolverse en el plazo de 20 años. El derecho a reclamar prescribe al año del hecho o del acto, contado en el caso de lesiones desde la curación o estabilización de las secuelas.

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