La Ley Orgánica 7/2012 maquilla el Código Penal

La Ley Orgánica 7/2012 maquilla el Código Penal

El 27 de diciembre de 2012, las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 7/2012 por la que se modifica el Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal, introduciendo a su vez varias disposiciones sobre la transparencia.

Que Alberto Ruiz Gallardón quiere reformar en profundidad el Código Penal no es ningún secreto y la reforma publicada a principios de año supone una primera piedra en la arquitectura penal que quiere diseñar el gobierno para antes de que termine la legislatura.

La reforma, una demanda histórica de los Inspectores de Hacienda, entró en vigor a mediados de enero de este mismo año.

Los principios que sustentan la modificación del Código Penal son un intento, veremos si suficiente, de atender las demandas sociales inspiradas por la crisis y la desconfianza en las instituciones del pueblo español. La exigencia de transparencia y de evitar el despilfarro, así como la desesperación de la ciudadanía en la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción, debería haber sido el leit motiv de esta nueva ley.

Sin embargo, es difícil que las expectativas generadas se cumplan sin llevar a cabo reformas de mayor calado, en la misma línea que la inclusión de las personas jurídicas como responsables civiles de los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Por el momento, aunque la reforma supone un paso en la buena dirección, no parece que vaya a ser suficiente para acabar con la sensación de impunidad que reina en el ambiente.

Por su parte, las modificaciones en materia de Fraude, que agravan las penas y alargan los plazos de prescripción de los delitos, puede ser una herramienta que facilite la tarea judicial. Pero para llegar a un estadio de eficacia hace falta una voluntad política y unos medios económicos que no existen a día de hoy. Viendo hasta dónde llegan las implicaciones en los casos de corrupción política resulta fácil imaginar el porqué.

En conclusión, el lavado de cara del Código Penal es del todo insuficiente para la ingente tarea que la ciudadanía española tiene por delante. Sin una verdadera voluntad política de acabar con el fraude y la corrupción, en lugar de un vano intento de desviar la mirada del público por un tiempo, no se conseguirá equiparar el estándar de calidad jurídica al nivel de nuestros vecinos europeos. Una vez más, en asuntos de corrupción política y financiera, somos el furgón de cola de la Unión Europea.

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