La Jurisdicción Constitucional: diferencias entre Common Law y Civil Law

La Jurisdicción Constitucional: diferencias entre Common Law y Civil Law

Las constituciones democráticas, incluso antes de perfeccionarse como herramientas normativas de un ordenamiento jurídico, han buscado mecanismos de defensa para luchar contra el incumplimiento de cualquiera de sus normas.

Esta jurisdicción a la que nos referimos puede atribuirse a un órgano ad hoc, como un Tribunal Constitucional, cuya  finalidad será controlar, a petición de parte, la constitucionalidad de las normas. A este tipo de control constitucional se le conoce como sistema de jurisdicción controlada.

Si en un primer momento el control constitucional tiene una función de delimitación jerárquica de normas y competencias, pronto va a ampliar su conocimiento hasta alcanzar el núcleo de los llamados derechos fundamentales, con un contenido ideológico o de fondo, no sólo jurídico-formal.

Otra forma posible de control constitucional es aquella en la que dicho control lo ostenta el Poder Judicial de forma conjunta y que es el propio de los sistemas anglosajones. En este sistema, el derecho se asienta sobre la costumbre y las resoluciones se sustentan en precedentes establecidos por resoluciones anteriores. Este sistema es conocido como jurisdicción difusa.

La jurisdicción concentrada o civil law, frente a la jurisdicción difusa o common law, se diferencian principalmente en la manera de ejercer la acción de inconstitucionalidad y en los efectos que tiene una norma declarada inconstitucional.

En nuestro civil law, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad afecta a la validez de la norma enjuiciada, con unos efectos exnunc o de futuro: Es decir, sin que exista la posibilidad de retracción de los afectos a un momento anterior, como forma de proteger la seguridad jurídica

Mientras, en el common law, nos encontramos ante la mera inaplicación de la norma enjuiciada, siendo sus efectos ex tunc, o retraídos al comienzo del proceso.

Otra de las diferencias existentes son, en primer lugar, la legitimación para iniciar un proceso de inconstitucionalidad, que en nuestro caso corresponde a los poderes públicos, y en segundo lugar, los efectos erga omnes (frente a todos) que tiene expulsar una norma del bloque de constitucionalidad.

Pese a todo, cada vez más los límites entre ambos sistemas tienden a difuminarse y se establecen sistemas de control mixtos en los que se involucra a distintos órganos de la jurisdicción ordinaria.

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