La Cadena Perpetua Revisable y el Código Penal

La Cadena Perpetua Revisable y el Código Penal

De tanto en tanto, uno o dos casos penales de especial trascendencia asaltan las portadas de los periódicos y los titulares de los telediarios, poniendo, una vez más, el debate sobre la conveniencia o no de la cadena perpetua encima de la mesa. El caso de Marta del Castillo, por ejemplo vuelve a dar su enésimo giro y todavía tenemos fresco en la memoria el caso de los niños de Córdoba. Ver a los culpables, dentro de quince o veinte años, de nuevo en libertad va a ser algo difícil de tragar para muchos.

El Código Penal recoge una estancia máxima en prisión de treinta años, excepto para los delitos de terrorismo, que se extiende hasta los cuarenta años. Pero, para algunos, esta cifra parece no ser suficiente.

Si comparamos la actual redacción del Código Penal, vigente en su mayor parte desde el año 1995, con el que teníamos hace tan sólo veinte años podríamos sorprendernos todavía más, ya que un crimen cometido en el año 94, por ejemplo, tenía una condena máxima de quince años. Nada que ver con lo que buscan ahora algunos al introducir los términos Cadena Perpetua Revisable y Prisión Permanente Revisable en el debate público.

Aunque no se ha concretado demasiado sobre que delitos podrían acarrear una de estas penas, parece claro que el objetivo son los delitos mediáticos, y quizás, actos de terrorismo y delitos contra la humanidad.

La revisión a la que se alude tampoco se ha concretado todavía, pero consistiría, probablemente en una discusión periódica del caso, cada pocos años, una vez transcurrido un periodo inicial (15 o 20 años, por ejemplo).

De fondo, y detrás del debate público y mediático que genera siempre este tema, se debería abrir un intenso debate jurídico, que verse entre otras cosas sobre la compatibilidad de la reforma con el artículo 25.2 de la Constitución Española, sobre la posibilidad de aplicar o no el Derecho Penal de las víctimas y sobre el fin último de la reinserción de los condenados como principio rector de nuestro sistema penitenciario.

La opción de instaurar la cadena perpetua está sobre la mesa, pero el debate corresponde a los juristas y debe ser sosegado, baremando valores legales superiores y no dejando esta labor ni a los periódicos ni a los tertulianos.  Y aunque debe incluir, por supuesto, la opinión de las víctimas, no es esta la única voz que debe ser escuchada.

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