La Administración Pública y las garantías de los ciudadanos

La Administración Pública y las garantías de los ciudadanos

En su función “garantizadora”, las Administraciones Públicas deben ser organismos previsibles, tanto en lo formal como en lo material. Esta previsibilidad será un indicador de que se avienen a la Ley y al Derecho, único espacio en el que tienen sentido de ser. Una Administración previsible es fiel reflejo del derecho al que se ajusta igual de previsible incluso en las zonas de incertidumbre, para las que se establecen reglas de actuación que eviten la arbitrariedad, reconducida ahora como discrecionalidad.

Las Administraciones Públicas deben ser el poder al servicio de los ciudadanos y no un ente en sí mismo con objetivos y fines (y poder para conseguirlos) diferenciados y ajenos. La monstruosidad de la Administración Pública, incluso entendiendo el adjetivo en el sentido menos lesivo del término, así como su multiplicidad de compartimentos y sus caminos a veces inescrutables, hacen que se pierda de vista el fin último: El objetivo de la Administración Pública radica en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Sólo como vertebración de esa ciudadanía, que no puede satisfacer determinadas necesidades desde un plano individual, tiene sentido la creación de esa ficción jurídica que llamamos Estado, algo que está tan presente siendo a la vez intangible.

Dicho esto, si queremos hablar de garantías, de democracia y de separación de poderes, debemos hablar también de controles internos y externos a la actividad de la Administración Pública. Las garantías que rigen la actividad de la administración pública son de distinta naturaleza, aunque siempre reguladas por la ley y por tanto enmarcadas como garantías “jurídicas”, podemos diseccionarlas en garantías políticas, administrativas, cuasi-jurisdiccionales y jurisdiccionales. Llegando la diferencia a casuísticas tan distintas que van desde la pregunta parlamentaria del partido de la oposición al control puramente jurisdiccional ejercido en un tribunal de lo contencioso.

En otro plano, podríamos incluir y aquí uso deliberadamente el condicional, los medios de comunicación como instrumento de control de las Administraciones Públicas. Ahora bien, del control efectivo a la omisión o a la desinformación hay una delgada línea que separa la independencia periodística, los criterios editoriales y las presiones de los anunciantes (también la publicidad institucional). Por no hablar de la propia relevancia de una materia dentro de la agenda pública y de su relevancia en el “bloque 1” o en el “bloque 4” de un telediario.

Por otra parte, a la hora de hablar de sistema de garantías de los ciudadanos, aunque desearíamos poder enunciar un conjunto ordenado, la realidad se presenta más rebelde, presentándonos un aluvión de normas, solapadas, opuestas o, en el mejor de los casos, complementarias. Así que el sistema de Garantías no es tanto un sistema como una recopilación, con mayor o menor acierto dependiendo del compilador.

Una última cuestión: ¿Es nuestro sistema de garantías suficiente? ¿Es, al menos, eficiente en los aspectos que cubre? Anticipamos que si no es así, las garantías de los ciudadanos no serán tales, no serían garantías sino declaraciones vacías de contenido y aquí va una mala noticia: En la sociedad actual, en el “Capitalismo de Ficción” que decía Verdú, los sistemas jurisdiccionales se han quedado anticuados, casi obsoletos. No responden en todo caso a las necesidades de los ciudadanos-consumidores.

Sería necesaria, en todo caso, una profunda revisión del sistema de garantías, que se extiende en numerosas vertientes. Veremos si el futuro nos depara esa alegría o, más probablemente, el derecho sigue su lento paso, siempre a la estela de esa adelantada sociedad a la que nunca acaba de enmarcar adecuadamente.

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