El plazo de caducidad en el Silencio Administrativo Negativo ya no existe

El plazo de caducidad en el Silencio Administrativo Negativo ya no existe

Lo dice el Tribunal Constitucional en una controvertida sentencia de 10 de abril de 2014, lo analizamos a continuación. El siguiente texto puede ser usado como cuestión procesal previa si nos oponen la caducidad, o si la queremos anticipar, en un proceso contencioso administrativo.

Única.- Sobre el plazo para interponer el recurso ante un acto presunto. El Tribunal Constitucional confirma que las desestimaciones por silencio no están sujetas al plazo de caducidad del artículo 46.1. STC 52/2014, de 10 de abril.

Tras una consolidada jurisprudencia constitucional, recaída en resoluciones relativas a recursos de amparo, en relación con el art. 24 CE, la STC 52/2014, de 10 de abril, establece que resulta contrario a la tutela judicial efectiva interpretar el art. 46.1 de la LJCA en el sentido de que un recurso contra un acto presunto negativo, interpuesto en un plazo más allá de seis meses, pueda ser inadmitido (STC 14/2006 y 59/2009 entre otras).

Esta sentencia, que consolida la jurisprudencia que venía siguiendo el TC a la hora de otorgar amparo a particulares, cierra el asunto definitivamente al interpretar el precepto legal en el ámbito de una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJ Castilla-La Mancha. El fallo, aunque salva la constitucionalidad del precepto, entiende que la categoría de acto presunto ha de entenderse referida únicamente a las estimaciones por silencio, con lo que el plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA no resulta aplicable a los supuestos de silencio negativo. La eficacia del precepto se reduce así a los actos presuntos positivos y al plazo para recurrir los mismos que tienen los posibles perjudicados por dicha estimación.

Una vez que es expulsada la interpretación anterior, y en tanto que ha transcurrido más de un año desde nuestra solicitud inicial, hacemos nuestros los efectos positivos que despliega la Sentencia del T.C. que venimos mencionando e interponemos el presente recurso pese al tiempo transcurrido, todo ello en tanto que la Administración recurrida todavía no ha resuelto, en ningún sentido, sobre la reclamación patrimonial que se efectuó en su momento.

Es interesante hacer un somero repaso de los motivos que han llevado al Tribunal Constitucional a intervenir en este sentido en la legislación procesal del orden contencioso-administrativo, en concreto, varias de sus sentencias anteriores, como la 188/2003, de 27 de octubre o la 14/2006, de 16 de enero, venían a establecer:

“es absolutamente inaceptable que una Administración Pública, que debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, desatienda, primero, el cumplimiento de sus obligaciones para con los ciudadanos y, sin embargo, manifieste luego un extremado celo en la exigencia de las de éstos, pues ninguna pretendida eficacia administrativa puede justificar el desconocimiento de uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, el valor de la justicia.”

Otras sentencias, como la del Tribunal Supremo, de 23 de enero de 2004, complementan esta descripción con afirmaciones tan contundentes como la que se sucede, al argumentar la Administración recurrente sobre la vulneración de la seguridad jurídica:

“El argumento acerca del quebrantamiento de la seguridad jurídica, que el escrito de interposición del recurso contiene, es sorprendente. La Administración no puede ocultar ni desconocer que es ella quien genera la situación de inseguridad al no dictar resolución expresa. Tampoco puede olvidar que esa omisión constituye un frontal incumplimiento del mandato contenido en el artículo 42.1 de la LRJPAC. Siendo esto así, como lo es, no es de recibo que quien genera mediante una conducta claramente ilegal y contraria al ordenamiento una situación de inseguridad jurídica pueda esgrimir esa inseguridad a sus favor, pretendiendo obtener de ella ventajas frente a quienes sufren los efectos de la inseguridad creada.”

Por último, parece necesario reincidir en las conclusiones de la mencionada Sentencia 52/2014, por la generalidad de sus efectos y por la rotundidad de sus afirmaciones, como por ejemplo, en el antepenúltimo párrafo antes del fallo, donde asevera: “El inciso segundo del art. 46.1 LJCA ha dejado de ser aplicable a dicho supuesto. En otras palabras, se puede entender que, a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA.”

Abogado y Politólogo por la Universidad de Granada. Cazando nuevas tendencias del Derecho. Thinking Green