El Juicio Rápido, 10 años de la Ley 38/2002

El Juicio Rápido, 10 años de la Ley 38/2002

El juicio rápido cumple diez años en el ámbito procesal y, pese a sus luces y sombras, es una figura contrastada y parece que ha llegado el momento de extender su influencia a otras jurisdicciones.

La Ley 38/2002 que reforma parcialmente la LECrim instauró el juicio rápido tras lograr el consenso de los interlocutores jurídicos y estableció las bases de una justicia más rápida y fluida en el ámbito penal.

El juicio rápido sólo se aplica a los delitos menos graves y simplifica los trámites en las grandes causas. Sin embargo, podemos ver la figura del juicio rápido cómo la primera piedra de un edificio que está aún por construir, el de una justicia realmente accesible y sin dilaciones indebidas.

En estos diez años se ha constatado como el juicio rápido ha conseguido frenar la evasión de los imputados de la acción de la justicia y ha atacado eficazmente la reiteración de conductas delictivas.

Entre los principales logros del juicio rápido destacan los siguientes:

  • Disminución de los retrasos y de la evasión de los delincuentes a la acción de la justicia.
  • La simplificación de trámites de las grandes causas.
  • Enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves.
  • Aumento significativo de las conformidades entre las partes.

Desde el año 2004, casi la mitad de los asuntos se han tramitado por la vía del juicio rápido, cuya duración media se sitúa en menos de un mes, frente al medio año que supone un procedimiento abreviado.

En algunos aspectos concretos, como el de la violencia de género, una gran parte de los procesos se tramitan como diligencias urgentes y acaban en juicio rápido de falta. Es general la opinión de los expertos que afirman que de no existir este tipo de procedimientos la jurisdicción penal habría colapsado hace ya tiempo. Por su parte, las víctimas ven en la inmediatez del procedimiento tras cometerse el acto delictivo una satisfacción a sus necesidades de justicia.

Ahora, con el trabajo hecho y con el modelo del juicio rápido funcionando a pleno rendimiento, es el momento de plantearse la posibilidad de extender este modelo a otras jurisdicciones que se encuentran desbordadas y que acumulan retrasos de meses e incluso años en la solución de sus asuntos. Concretamente, en los juzgados de familia y de lo mercantil.

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