El Impuesto de Sucesiones y Donaciones no se ajusta a la normativa europea

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones no se ajusta a la normativa europea

Este miércoles, 3 de septiembre de 2013, se ha conocido el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones español. El tribunal ha considerado que se vulnera la libre circulación de capitales recogida en el artículo 63 del TFUE (Tratado de Funcionamiento)

Este impuesto, aunque de carácter estatal, se encuentra cedido a las diferentes Comunidades Autónomas, que son las beneficiarias de su rendimiento y que se encargan de su gestión, también ostentan algunas de las competencias reguladoras. En esta dinámica, hasta quince Comunidades han ido reduciendo en los últimos tiempos la presión fiscal asociada a este impuesto, al ofrecer distintas bonificaciones y reducciones en la tarifa aplicable a los residentes en el territorio.

Ahora bien, para el caso de no existir conectividad con la Comunidad Autónoma en la que se aplica el impuesto (extranjeros, por ejemplo), se dejan de aplicar estas reducciones y se aplica la normativa estatal (Ley 29/87) con su desarrollo reglamentario correspondiente. Sobra decir que esta aplicación es mucho más gravosa para el particular que tiene que abonar el impuesto.

El Tribunal, en su argumentación, y tras varios avisos de la Comisión Europea y de prestigiosos juristas, ha terminado por rechazar la legalidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No acoge, en primer lugar, el criterio de que lo que esté en juego sea el reparto de competencias entre Estado y autonomías, sino que entronca su resolución en torno a lo dispuesto en artículo 63.1 del TFUE, considerando que los no residentes pueden verse disuadidos de realizar inversiones en un Estado Miembro en tanto que, de darse una sucesión o una donación, el valor de la misma se verá reducido al no tener, el beneficiario, residencia en la Comunidad Autónoma que aplica la bonificación.

Tampoco acoge el TJUE la pretensión española de incorporar al caso la excepción dela artículo 65 del TFUE, que permite establecer distintas cargas discales en función de la residencia, y ello en tanto que no se cumple el requisito sine qua non de este precepto: que la distinción responda a una necesidad u objetivo de la normativa nacional, lo que no es el caso. Estamos, por tanto, ante una discriminación arbitraria y una restricción encubierta de la circulación de capitales y pagos (que no de personas). Toca cambiar la norma

 

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