El Derecho Ambiental en la Constitución Española

El Derecho Ambiental en la Constitución Española

El medio ambiente y su protección están recogidos en la Constitución Española de 1978 bajo la premisa de ser bienes o intereses de carácter colectivo.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado

La Constitución presenta este artículo como uno de los principios rectores de la de las políticas económicas y sociales que se desarrollan en nuestro país. Estos principios son los encargados de informar la actuación legislativa, ejecutiva y judicial y, en un principio, no tienen carácter de derecho subjetivo, ni son invocables ante la jurisdicción ordinaria, ni están catalogados como derechos susceptibles de recurrirse en amparo ante el Tribual Constitucional.

El ordenamiento jurídico ha excluido al derecho ambiental del núcleo duro de derechos y libertades por su gran relativismo científico, donde lo que ayer era un hecho contratado hoy no es una certeza segura y viceversa. Otro de los motivos de exclusión del paquete principal de derechos y libertades es la necesidad de contextualización histórica. En el año 1978 no parecía urgir una protección medioambiental digna de constatarse en la Carta Magna, algo que el propio Tribunal Constitucional ha ido enmendando con el paso de los años. No parece aceptable, dado el tiempo transcurrido, que lo que se considera ya como “derechos humanos de tercera generación”, no venga reflejado en nuestro máximo articulado legal y no cuente con las máximas garantías de protección constitucional.

La protección legal del medio ambiente se establece por vía legislativa ordinaria, como garantía mínima frente a los actos administrativos, pero muy lejos todavía de los niveles de protección requeridos por los estándares jurídicos del siglo XXI.

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