El delito de corrupción en el deporte

El delito de corrupción en el deporte

4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales.

Introducción:

La corrupción en el sector privado tiene como hito la Decisión Marco 2003/568/JAI, donde, sin embargo, no se menciona este nuevo delito y sin que su redacción tenga relación con la transposición de la normativa europea. Podemos considerar que su regulación como apartado 4 del art. 286 bis está metida con calzador y que su redactado está formulado de forma demasiado genérica y remitiendo de forma ambigua y oscura a los apartados anteriores del mencionado artículo.

Una de las especificidades que nos llama la atención es la aportación de “competición deportiva profesional” en la fase de enmiendas, lo que nos va a servir como criterio interpretativo de la estructura del delito.

Podemos concluir, en definitiva, que estamos ante una norma penal en blanco que castiga la corrupción, tanto activa, en el deporte profesional.

La redacción, no obstante, tiene algunos defensores que alegan que la compraventa de partidos se asemeja a la corrupción particular en tanto que se trata de influir a la persona que tiene capacidad de decisión o influencia para que el resultado final, del contrato o del partido, sea en la dirección que beneficie al promotor del delito…

Conductas típicas:

Remitiéndose a los apartados 1 y 2 del art. 286 bis encontramos dos modalidades comitivas:

  1. Corrupción activa, consistente en “prometer, ofrecer o conceder un beneficio o ventaja”.
  2. Corrupción pasiva, consistente en “recibir, solicitar o aceptar ese beneficio o ventaja”, conductas que siempre van referidas a “directores, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva…, así como a los deportistas, árbitros o jueces”, y siempre en relación a “aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales.”

Sin embargo, la doctrina considera que el reenvío, en lugar de la descripción completa, dificulta la determinación de la naturaleza de la conducta punible y de la autoría.

Mayoritariamente ha sido calificado como un delito de mera actividad y de consumación anticipada. Es decir, un delito de peligro abstracto que se consuma con la mera realización de la conducta descrita.

Un segundo sector exige, al menos, que haya sido puesta en conocimiento del receptor la oferta o promesa descrita antes de entender el delito como consumado.

Tema aparte es el de quién es sujeto activo de este delito. En principio:

  1. Por una parte, los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta.
  2. De otra parte, los deportistas, árbitros o jueces.

Sin embargo, el sector minoritario señala que, de la forma poco precisa de señalar a los sujetos, podría entenderse que sólo los descritos en el tipo pueden ser sujetos del delito. Siguiendo esta línea de argumentación, un tercero ajeno a la descripción, es decir, que no sea directivo, empleado, administrador o colaborador, ni deportista, ni árbitro, ni juez, estaría realizando una conducta atípica.

La consecuencia práctica de esta definición:

  • Para el sector mayoritario, tanto los amaños con implicados directos como indirectos serían delito (ascenso y descenso + apuestas)
  • Para el sector minoritario, la torpeza en la redacción podría haberse dejado fuera las apuestas.

No parece que desde una perspectiva sistemática o teleológica pueda desarrollarse jurisprudencialmente la tesis de los segundos.

Bien jurídico protegido:

4 visiones:

  • Dual: El funcionamiento de las competiciones deportivas profesionales y la probidad de las apuestas
  • Integridad deportiva per se
  • Relevancia económica de las competiciones deportivas
  • El espíritu deportivo, la limpieza en el deporte o “quién sabe qué”

Penalidad:

Seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio de uno a seis años  y multa del tanto al triplo del valor del beneficio.

Similar a la estafa o la apropiación indebida pero sin requerir perjuicio patrimonial efectivo.

Perseguibilidad:

De oficio

Personas Jurídicas:

Podrá ser responsable del delito, cuando tenga responsabilidad de conformidad con las reglas generales del art. 31 bis

Sin embargo, solo resulta operativa para la corrupción activa ya que quien soborna para conseguir un contrato a favor de su empresa actúa en beneficio de la misma.

Ejemplo: Un directivo del Racing de Santander soborna al portero del Osasuna. ¿Qué beneficio obtiene el Osasuna como persona jurídica?

Algunos comentarios:

Queda pendiente una explicación del legislador del motivo por el que incluye este delito en este apartado numero cuarto y, en mi opinión, parece previsible que la jurisprudencia, que todavía no existe, despeje incógnitas de la redacción a favor de la interpretación mayoritaria.

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